Los Guarijíos de Sonora y el proyecto de presa Los Pilares

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Armando Haro

Los guarijíos de Sonora se encuentran actualmente amenazados en su supervivencia y su patrimonio territorial por el proyecto de construir una presa en el río Mayo, justamente en medio de su territorio.

Si bien el proyecto planea inundar localidades que se encuentran en tierras sonorenses, y pareciera por ello afectar solamente a los que viven aquí, el impacto ecológico y sociocultural de esta obra llegará mucho más allá del área del embalse, dado que sería la segunda presa en este río. Tendrá consecuencias, en formas directas e indirectas, para toda la población que habita a lo largo y ancho de la cuenca del Mayo.

En el caso guarijío destaca la importancia  que tiene el río para su forma de vida: la conservación de su territorio en términos de sustentabilidad ambiental. Las irregularidades en el proceso de gestión del proyecto de la presa aparecen como un factor de riesgo, en vista del interés manifestado por los promotores de continuar adelante a pesar de la oposición de los guarijíos y de diversos señalamientos elaborados desde la academia y la sociedad civil en distintos formatos.

Desde 2011 formamos un grupo de asesores del pueblo guarijío, compuesto por personas de la sociedad civil y la academia.

Desde entonces, pero especialmente desde 2012, hemos venido acompañando al pueblo guarijío en las negociaciones con los promotores del proyecto, los cuales incluyen actores diversos, ubicados en los tres niveles de gobierno y en el sector empresarial.

El proyecto Bicentenario-Los Pilares planea construir una segunda presa en el Río Mayo, 44 kilómetros arriba de la Presa Mocúzarit, muy cerca del pueblo de San Bernardo, en el municipio sonorense de Álamos.

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Es un proyecto que comenzó a gestarse desde la década de 1990, cuando se agudizó la crisis del campo después de la firma del Tratado de Libre Comercio, que fue aprovechada por empresarios agrícolas propietarios y rentistas en el Valle del Mayo.

A pesar de que la Presa Mocúzarit amplió su capacidad en la década de 1960, con la intensa explotación agroindustrial la presa fue siendo insuficiente para colmar las expectativas de los usuarios del Distrito de Riego 38, motivo por el que desde mediados de 1990 comenzaron las gestiones para construir una segunda presa en el Mayo.

Desde 2009, los usuarios del agua y propietarios de la tierra de este Distrito, en coordinación con funcionarios del Gobierno de Sonora han sido los principales actores impulsores del proyecto de la presa Los Pilares, al igual que la Fundación México Sustentable, que jugó un papel importante en la gestión del proyecto ante los afectados.

El proyecto consta de una cortina de concreto que se sitúa en el sitio conocido como Los Pilares, un sitio emblemático del paisaje de San Bernardo y un lugar sagrado para los guarijíos y los mayos que habitan en esta región. Inicialmente el proyecto fue formulado por la Fundación, con el propósito de construir una hidroeléctrica para 46 megawatts.

Sin embargo, debido a varios motivos no previstos, como la resistencia de los guarijíos a ser inundados, y, también, por las políticas actuales en materia de inversión federal, que ya no apoyan obras de infraestructura hidráulica, los promotores del proyecto, en conjunto con funcionarios del Gobierno del Estado de Sonora, desde inicios de 2012 modificaron su estrategia y presentaron un nuevo proyecto, con una cortina de menor altitud (67 metros) y una afectación también menor al territorio guarijío en lo que sería el área inundable.

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Ya no se pretende instalar una hidroeléctrica ni plantea responder a las necesidades de mayor dotación de aguas para el Distrito 38.

En su nueva versión pretende crear un mecanismo de contención al caudal del Río Mayo, en teoría destinado principalmente a solucionar las inundaciones en el Valle del Mayo, pero, en realidad, promovido con el interés de incrementar la plusvalía empresarial agrícola o favorecer la extracción y procesamiento minero en la región.

Se estima que el área de embalse será entre 2, 300 y 3,000 hectáreas, con un área potencial de inundación aun no explícita, pero que abarca quizás cerca de 40 a 50 kilómetros arriba de donde se quiere edificar la cortina, con afectación de varias localidades y predios ejidales, muchos de ellos indígenas.

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El proyecto en sus distintas versiones ha contemplado tres posibilidades técnicas en cuanto a la magnitud de su afectación, relacionadas con la altura de la cortina y dique contenedor, implicando diferentes escalas de la posible inundación y el desplazamiento de localidades y ranchos que ya han negociado con los agentes gubernamentales la venta de sus terrenos, lo cual comprende todas las tierras aledañas al cauce del Río Mayo que se encuentran arriba del poblado de San Bernardo y que son necesarias para contener el caudal máximo de agua que puede recolectar la presa.

Son cerca de 50 distintos predios, entre los cuales se encuentran propietarios mexicanos particulares, tierras ejidales de yoris y mestizos.

Cabe señalar que la casi totalidad de los rancheros y ejidatarios que no son guarijíos han entrado en negociaciones de venta de sus terrenos con el Gobierno mexicano.

Sin embargo, tanto los guarijíos que viven en estas localidades (636 personas), como quienes forman parte de la Sociedad de Producción Rural de la Colonia Macuragüe y son propietarios colectivos de terrenos que son necesarios para la construcción de la presa (70 personas), se han negado hasta la fecha a negociar la venta de sus terrenos y viviendas para el proyecto de la presa.

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La principal justificación para la construcción de la presa argumenta que la obra es necesaria para el control de las inundaciones que periódicamente (cada 7-9 años) suceden en el Valle del Mayo, para lo cual se requiere construir cinco bordes de protección en las subcuencas y una rectificación del cauce del río para aumentar su capacidad de conducción a 400 metros cúbicos por segundo y proteger de esta manera a la población que suele afectarse por estas inundaciones en localidades de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Bacobampo.

Sin embargo, tanto en algunos documentos como en la opinión pública se evidencia el interés de incrementar el potencial de riego del Distrito de Riego 38. Y de hacer pasar por interés público lo que es interés privado y netamente empresarial, incluyendo a los constructores de la obra y una pléyade de contratistas.

Desde julio de 2012 los guarijios iniciaron un proceso de negociación con el gobierno estatal en lo relativo al proyecto de presa como respuesta a una solicitud realizada a la CDI federal por parte de las autoridades del Ejido Guarijíos-Burapaco, la Dirección de Concertación de esta dependencia inició una serie de reuniones, primeramente en el formato de una “Mesa de Diálogo Interinstitucional con el Pueblo Guarijío”, que se llevó a cabo los días 31 de julio y el 29 de agosto de 2012 en Hermosillo, con la asistencia de varias instituciones del gobierno federal y estatal.

En estas reuniones se hizo patente que las autoridades y comunidades guarijías no tenian información oficial ni confiable sobre el proyecto de presa.

Por ello, se propuso la realización de un foro de expertos y una serie de reuniones informativas en cinco localidades guarijías, todo ello en el mes de noviembre de 2012.

Tanto en el foro como en estas reuniones se evidenciaron una serie de irregularidades en la gestión del proyecto, como amenazas y falsas promesas a los pequeños propietarios y ejidatarios, la compra de lealtades, el adelantar trámites sin contar con los debidos permisos a nivel comunitario y también respecto a dependencias federales, como corresponde a trámites que aún no se han cumplido, cuando ya se ha avanzado en compra de terrenos, asignación presupuestal federal parcial e incluso, la licitación y asignación de la obra, en el mes de noviembre de 2012, a favor de Constructora Canoras, una empresa con una larga historia de beneficios y excepciones en el panorama estatal.

Los guarijíos solicitaron también el procedimiento de consulta pública a SEMARNAT en torno al Manifiesto de Impacto Ambiental que fue presentado por el Distrito de Riego 38 en mayo de 2012 y suspendido en noviembre del mismo año por considerarse incompleto.

El Gobierno del Estado (a través del FOSSI) presentó un nuevo proyecto de presa en el cual se disminuye el tamaño de la cortina para que no se inunde la localidad guarijía de Mesa Colorada. Con Mochibampo, que es la otra localidad inundable de los guarijíos, se ofrecen varias alternativas, desde reubicar el poblado en un terreno cercano, donde se ofrece construir viviendas con servicios al gusto de los usuarios, hasta colocar un muro de contención en un costado del poblado. Se aclara que el diseño de la presa implica dejar unos tubos en la cortina que permitan el paso del agua cuando se rebase cierto nivel, pero que quedará un embalse permanente, como que también habrá un flujo continuo.

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También se comenta que las tierras potencialmente inundables lo serán solamente en caso de grandes avenidas pero que estos terrenos pueden seguir siendo utilizados cuando estén secos. Sin embargo, estas características no han quedado claras ni para los guarijíos ni para quienes hemos venido monitoreando el proceso, debido a que se han mencionado distintas posibilidades técnicas, sin garantía alguna por parte de la CONAGUA, quien sería el organismo operador.

Desde la primera reunión interinstitucional emergieron varias inconsistencias del proyecto de la presa.

Por una parte que es un proyecto para el cual se han aprobado ya 90 millones de pesos de financiamiento aun cuando no ha concluido todos los estudios necesarios ni los trámites previos.  Otro elemento que quedó al desnudo es que el sujeto promotor del proyecto es el Distrito de Riego 38, instancia que pretende regar más terrenos que los autorizados para este distrito.

Con esto se ha evidenciado que no está claro el argumento de que se trata de una obra eminentemente de protección civil, como ahora es presentada por el Gobierno del Estado.

Otras instancias, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalaron asimismo la falta de estudios pertinentes para poder aprobar el proyecto.

Tampoco se ha cumplido con los trámites ante el Sector Agrario.

Otros planteamientos críticos cuestionan la efectividad potencial de la presa, tanto en términos de aprovechamiento de agua, como también en relación a su función controladora de avenidas.

En primer término, el río Mayo ha tenido desde siempre un comportamiento irregular, fundamentado en años de extrema sequía que se suceden a temporadas de ancha humedad, como sucede cada año con las crecidas que tiene el río en épocas de “aguas” y de “equipatas”.

Se ha señalado que la solución debería concentrarse en solucionar una serie de problemas relativos a los recursos hídricos que ya tiene el Distrito de Riego, por un lado; y por el otro, implementar una solución más inteligente y menos radical para enfrentar las inundaciones intermitentes, las cuales no son enteramente imputables al caudal del río sino también al efecto de los huracanes costeros.

Merece comentarse que algunos estudios hidrológicos señalan que en relación a la orografía y geología del acuífero del Mayo, así como al régimen de escurrimiento del río y al tiempo mediante el cual se ha venido realizando la agricultura intensiva en el Valle, son escasas las posibilidades de contar con más volumen para irrigar mayor superficie, en vista de la sobreexplotación de las aguas profundas y las altas tasas de evaporación que se documentan en los embalses existentes debido a las altas temperaturas regionales.

Se estima que hay un uso y manejo ineficiente del agua en la agricultura en los siete distritos de riego, sobre todo en los de riego por gravedad: Río Yaqui, Colonias Yaquis y Río Mayo, y que se desperdicia el 48por ciento del agua en la conducción y distribución, así como que la contaminación de los cuerpos de agua es elevada, por descargas residuales urbanas y de granjas porcícolas en el caso del Río Mayo, pues la infraestructura hidroagrícola es obsoleta y de insuficiente mantenimiento.

Como se señala, el problema es que el Distrito está sobredimensionado con el riego en exceso de 33, 723 hectáreas  más para las que fue proyectado.

Esto sucede gracias al acaparamiento de tierras por parte de empresarios agrícolas en este valle, donde se ha estimado que de los 11,300 usuarios solamente 3,500 productores realizan actividad agrícola, puesto que el resto renta sus tierras.

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La magnitud del proyecto producirá cambios importantes en los micro-climas locales por efecto de la baja de la temperatura del agua sobre la flora y la fauna, por contaminación del aire por bióxido de carbono y metano como producto de la fermentación de materiales orgánicos bajo el agua, con la extinción de especies vegetales y animales.

En el caso del Río Mayo, por ser esta la segunda presa en este acuífero, la afectación ecológica sería de consecuencias muy severas, por la pérdida de la biodiversidad tanto vegetal como animal que traería consigo remover el sedimento del río y sus detritus animales y vegetales, e interrumpir así los ciclos vitales y reproductivos de varias especies.

Igualmente, cabe señalar que el proyecto de presa no ha previsto el riesgo de que proliferen enfermedades transmitidas por vectores que ya son endémicas en la región, como es el caso del dengue y el paludismo.

Estos factores afectarán la cultura de los guarijíos en la medida en que perderán buena parte de los recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, pero además, por la pérdida de lugares sagrados y panteones que existen en la zona destinada al vaso de la presa, así como de sitios arqueológicos y las dos localidades mencionadas (Mochibampo y Mesa Colorada).

El embalse representa además un obstáculo para el traslado de los guarijíos al interior de su región, lo cual incluye la pérdida de opciones para el pastoreo, la siembra, la caza y la recolección. Esto atañe no solamente la las carreteras de terracería existentes sino también a las brechas por donde transitan los animales y las personas.

El diálogo político en 2012 tuvo como culminación la firma de una serie de acuerdos firmados el 12 de noviembre. Entre ellos destaca el compromiso de los promotores de entregar una copia certificada del proyecto, hacerlos partícipes de beneficios y abandonar las políticas de manipulación y amenazas.

Estos acuerdos no se han cumplido hasta ahora.

Y las condiciones han empeorado desde el primero de julio de 2012, fecha en que murió el exgobernador guarijío Lino Leyva Zazueta.

Lino fue “la piedra que detenía todo esto de la presa”, como dice su viuda.

Desde entonces los promotores del proyecto entraron en una etapa acelerada donde se emplearon estrategias de manipulación y desinformación en las comunidades guarijías, con el objetivo de obtener –a como diera lugar- la firma de los cinco gobernadores guarijíos, a espaldas de sus asambleas comunitarias y de las autoridades agrarias de los tres ejidos respectivos.

El “nuevo trato”, “de gobierno a gobierno”, implicó que trasladaran a cuatro de estos gobernadores a la ciudad de Navojoa el día 22 de julio, para orillarlos a firmar un convenio donde los guarijíos ceden sus derechos territoriales para la presa a cambio de una serie de promesas sin ninguna garantía.

Para obtener la quinta firma faltante, los “preseros” se valieron de agentes locales, a través de un trabajo de coaptaciones de muchos meses, donde se incluyeron guarijíos de Colonia Macuragüe y de Los Jacales.

Por ello, el cuatro de agosto orquestaron una reunión “resolutiva”, previamente cocinada, donde un nutrido componente de personas traídas de los Valles de ascendencia guarijía y mestiza, además de locales.

Todos ellos recibieron doscientos pesos y una despensa.

El gobernador tradicional de la Colonia Macuragüe, Don José Romero, aludió a los acuerdos de noviembre y exigió el proyecto oficial de la presa por escrito.

Los majaderos pagados no lo dejaron hablar, le faltaron al respeto.

Por ello, abandonó con los suyos la sesión, que fue aprovechada por los operadores preseros para obtener el “consenso” de los maiceados; nombrar nuevo gobernador, mismo que firmó de inmediato el convenio que según ellos les faltaba.

En el Ejido Guarijíos-Burapaco se enteraron hasta el martes 23 de que su gobernador había firmado la cesión de las tierras sin consultar a las asambleas. Se enojaron mucho y tomaron la resolución de desconocer el convenio firmado.

El 10 de agosto, en asamblea ejidal dura, nombraron a Fidencio Leyva Yoquivo nuevo gobernador tradicional.

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La acción preventiva debe coordinar esfuerzos, unir voluntades, cotejar alternativas de solución y especialmente realizar una evaluación densa sobre las condiciones de legalidad del proyecto de presa como acto de autoridad, al igual que una evaluación técnica del actual proyecto y sus alternativas.

Los guarijíos deben conocer las consecuencias de las decisiones que ahora se tomen, e intervenir –en cualquier posible escenario- en el destino de su territorio y su forma de vida.

Los guarijíos no quieren ser desplazados de su territorio, pero además saben que la presa representa existen riesgos para su supervivencia como grupo y desconfían de las autoridades gubernamentales.

Los guarijíos saben también que la magnitud de la obra va a modificar de manera contundente los ecosistemas del Río Mayo y sus afluentes, especialmente del arroyo Guajaray, por la proximidad de la obra y por estar su desembocadura dentro de la zona inundable.

Las objeciones al proyecto de la presa por parte de los guarijíos, son varias, pues consideran que no han sido debidamente informados ni consultados; en los medios de comunicación se ha dicho que ellos están en contra del desarrollo y en contra del beneficio del proyecto, pero los guarijíos manifiestan que el proceso ha estado manipulado desde sus inicios, con intentos de dividir a la tribu, manejando el rumor y la desinformación y estableciendo vínculos y compromisos por parte de personas que no tienen representación oficial.