Fallo de los jueces internacionales sobre la Presa El Zapotillo, Pre Audiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’, Tribunal Permanente de los Pueblos – México, TPP

Guadalajara, Jalisco, 8 de noviembre de 2012

Fallo sobre afectaciones y violaciones a derechos humanos de presas en Jalisco y Nayarit del jurado de la Preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad

 

Caso presa de abastecimiento “El Zapotillo”, Jalisco

 

Organizaciones demandantes y autoridades demandadas

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, demanda al Gobierno Federal, representado por el Presidente de la República, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno de los Estados de Jalisco y Guanajuato así como las respectivas Comisiones Estatales de Agua, por la construcción de la presa El Zapotillo.

Hechos

El proyecto El Zapotillo prevé la construcción de una presa en el río Verde, parte de la subcuenca del río Lerma-Chapala- Santiago-Pacífico, a 132 kilómetros al noreste de la ciudad de Guadalajara, en la región de Los Altos Norte de Jalisco. El proyecto promete abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para lo cual debería construirse una presa derivadora llamada Purgatorio, a la ciudad de León, Guanajuato para lo cual se construiría un acueducto a 14 municipios de los Altos de Jalisco, los cuales deberían realizar conexiones al acueducto.

En la región domina la pequeña propiedad rural, consagrada a la agricultura, pesca y ganadería a pequeña escala. Los testimonios dan cuenta de la riqueza y fertilidad de la tierra, lo que permite que alrededor del 95% de la población de Temacapulín, siembre y se mantenga de la venta de sus productos en comunidades aledañas. En esta región se cultiva lo esencial para el autoconsumo. El comercio local y las remesas de los hijos ausentes de México y Estados Unidos complementan la economía local.

Si se construye El Zapotillo, serían inundadas las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, lo que significaría el desplazamiento forzoso de 1,500 habitantes. También serían destruidas o perjudicadas las condiciones de reproducción de comunidades río abajo y arriba, en un total de más 15,000 personas.

La muerte de las tradiciones y cultura sería acompañada de la pérdida de  un patrimonio histórico y cultural único, constituido por los pueblos mismos con sus plazas, su ambiente típico, sus arquitecturas singulares. Existe un dictamen de la delegación Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia que declara que el 70% de las edificaciones son patrimonio histórico. Además, se promovería la destrucción de uno de los lugares sagrados más importantes para los pueblos de la región El Señor de la Peñita, una figura pintada por la naturaleza en las peñas que circundan una parte del pueblo. También se perdería el monumento histórico de la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVIII.

La cortina inicialmente fue proyectada para 80 metros. La elevación posterior para 105 metros, a pesar del dramático incremento de los impactos, no dio origen a una necesaria nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La MIA no incluye los impactos negativos que el proyecto tendría en la región de los Altos, adolece de un plan de abandono y no presente medidas de compensación que busquen disminuir impactos a largo plazo, acumulativos o sinérgicos.

De acuerdo con la justificación del proyecto, en realidad no se consideraron opciones diferentes a la construcción de una presa de almacenamiento. Además, pesan sospechas sobre problemas geotécnicos en la cimentación de la cortina, que no han sido debidamente informados a la población. Desinformación, rechazo a cualquier forma de consulta o participación, hostigamiento y amenazas a los pobladores y sus organizaciones caracterizan el proceso.

Violaciones a derechos humanos

En diciembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), concluyó que se han violado los derechos de la población y solicitó al gobierno de Jalisco que suspendiera las obras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluyó que el proyecto efectivamente transgrede los principios básicos y las directrices sobre desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo, elaborados por el Relator de Vivienda. En su visita a México el Relator de la Alimentación de las Naciones Unidas concluyó que no se ha respetado el derecho a la consulta e información de las y los afectados, y que se violará potencialmente el derecho a la alimentación por no dotar de tierras suficientes a los pobladores.

El 31 de enero de 2011, un Juzgado de Distrito reconoció la violación de los derechos de las comunidades Temacapulín y Acasico y determinó la suspensión de la construcción de la cortina de la presa mientras no tengan salvaguardados todos los derechos. El 9 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco atendió a la demanda de habitantes de la comunidad de Temacapulín, decretando la nulidad al “Plan de Desarrollo Urbano de Temacapulín” por violaciones al procedimiento de consulta

A pesar de las decisiones judiciales, las autoridades estatales y las empresas involucradas en el proyecto en desacato e impunidad mantienen las obras de la cortina y la edificación de casas para la reubicación de la comunidad. La población, amenazada, insegura, vive una situación de estrés individual y colectivo, como lo prueban los  dictámenes psicosociales.

Violaciones a derechos humanos

Nos preocupa que el gobierno mexicano haya iniciado procedimientos de expropiación en contra de los pobladores de estos poblados.

En síntesis, se podría decir que el proceso está caracterizado por una sistemática y continua violación de derechos, individuales y colectivos, económicos, sociales y culturales de los individuos y comunidades amenazadas. Entre ellos los siguientes, sin ser limitativa la enumeración, se encuentran:

 

  • Derecho a la información y participación
  • Derecho a la consulta
  • Derecho al debido proceso legal y a la garantía de seguridad jurídica
  • Derecho a la salud
  • Derecho a la seguridad personal
  • Además de finalizarse la construcción de la presa e inundar las comunidades se sumarían las violaciones a:
  • Derecho a la vivienda adecuada
  • Derecho a la preservación de su cultura
  • Derecho al medio ambiente
  • Derecho a la manutención y mejora de sus condiciones de vida
  • Derecho a la alimentación

 

Recomendaciones:

  • Que se cancele de manera definitiva la construcción de la Presa El Zapotillo, así como todos sus actos y consecuencias, como lo es la reubicación en Talicoyunque
  • Que se suspendan todos los actos de hostigamiento y amenazas a los pobladores y comunidades amenazadas; así como la cancelación de las denuncias penales iniciadas por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco contra defensores de derechos humanos y periodistas que han acompañado e investigado la violación de derechos humanos.
  • Que se cancelen los procedimientos de expropiación que ha iniciado el Gobierno del Estado de Jalisco.
  • Que una nueva evaluación de impactos ambientales y sociales se realice con la participación de las comunidades, considerando la elevación de la cortina y estudiando alternativas menos impactantes y costosas; ya que el aumento de una cortina de 80 a 105 metros eleva exponencialmente los efectos en el medio ambiente y social.

Que se indemnice correctamente a todos los pobladores que hasta el momento han sido afectados en sus tierras, territorios y recursos naturales;

  • Que se asegure una adecuada asistencia a la salud y acompañamiento psicosocial a la población;
  • Que se finquen responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de empresas privadas que han violado derechos humanos e incumplidos sentencias.

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Foto: El Jurado Internacional de la Pre Audiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’ informa del dictamen preliminar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 9 de noviembre de 2012.

La autoridad del Jurado de la pre audiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e impunidad’ y su prestigio de integridad se deriva precisamente de la personalidad de sus componentes y del rigor de su procedimiento: Miloon Kothari (India), Maude Barlow (Canadá), Monti Aguirre (Colombia-EE.UU.), Patricia Ávila (México), Carlos Vainer (Brasil), Francisco López Bárcenas (México), Luis Daniel Vázquez (México)